Una urbanización acotada de gran lujo en un coto privado de caza segoviano fue utilizada como modelo de la ley de Viviendas Rurales Sostenibles (ViRuS) de la Comunidad de Madrid, tal y como han descubierto Ecologistas en Acción y GRAMA. El hallazgo demuestra que la ley no fijará población ni reactivará las economías rurales, sino que autorizará mansiones aisladas de su entorno en terrenos no urbanizables.
Las extensiones de las parcelas, (seis hectáreas), el tamaño de las viviendas, (hasta 900 metros cuadrados), y los parámetros urbanísticos, (retranqueos, distancias, etc) previstos en la Ley ViRus coinciden exactamente con los que se emplearon para la urbanización del municipio segoviano de Muñopedro. Una visita al lugar ha permitido comprobar que la aplicación práctica de esos parámetros logra exactamente lo contrario de lo que defienden los promotores de la ley.
Las viviendas se distribuyen dispersas en un encinar de elevado valor ambiental y paisajístico. Para la construcción de estas viviendas y la apertura de pistas de acceso se han tenido que cortar cientos de encinas, según se puede comprobar en las fotos aéreas. Además, el coto de caza privado de 1.250 hectáreas tiene una valla perimetral doble de más de dos metros de altura. Es, en definitiva, una urbanización aislada, con instalaciones deportivas y de ocio privadas, sin ninguna relación con el municipio en el que se encuentran, Muñopedro, una localidad de 400 habitantes, en la provincia de Segovia.
Ante esa realidad, que Ecologistas en Acción y GRAMA han comprobado sobre el terreno, resulta más que cuestionable que la ley ViRuS busque fijar población rural y favorecer la reactivación de las economías rurales, así como permitir la vida en contacto con la naturaleza. Ambas organizaciones, miembros de la Plataforma Antivirus, denuncian que, por el contrario, se ahonda en el modelo del todo urbanizable y en la fractura social dentro del mundo rural.
El proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio, se encuentra en la actualidad en trámite parlamentario. Pretende autorizar la construcción de grandes mansiones incluso cuando el planteamiento municipal lo prohíba. La Plataforma AntiViRuS sigue trabajando para conseguir su retirada. Entre las actividades próximas se encuentra la organización de una mesa redonda el próximo 7 de noviembre, en la que participarán arquitectos, biólogos y representantes municipales.
LA PLATAFORMA ANTIVIRUS
Catedráticos, colectivos de urbanistas, grupos ecologistas y partidos políticos entre los que se encuentra EQUO, integrados en la Plataforma Anti-Virus, han solicitado la retirada de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles o Ley Virus. En palabras de la plataforma, la Ley Virus vulnera principios básicos constitucionales, normativa básica del Estado, directivas europeas, supondrá un lastre para la economía local, afecta gravemente al suelo y paisaje rurales y supone un retroceso en las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas.
El pasado 11 de junio, tras comprometerse la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se remitió a diversos colectivos el nuevo texto del anteproyecto de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (apodada Ley Virus por el letal impacto que tendrá sobre el territorio) para que en el plazo de diez días presentasen sugerencias. Este plazo finalizó el pasado viernes 22 de junio.
El nuevo texto, aunque introduce pequeños cambios con respecto al documento que se conoció hace unos meses, sigue manteniendo el mismo objetivo, permitir la construcción indiscriminada de viviendas, en parcelas de 6 ha en suelos rurales, desvinculadas de cualquier actividad y eludiendo todos los procedimientos de control sobre la viabilidad ambiental y urbanística de las mismas.
La Plataforma Antivirus, formada por colectivos de urbanistas, ecologistas, sindicatos, partidos políticos y miembros de la universidad a título personal, apodó a la nueva norma Ley Virus, por la similitud entre el efecto letal de la dispersión residencial por el territorio, con la infección celular de un virus. Miembros de esta Plataforma han presentado sugerencias al borrador del anteproyecto pidiendo su retirada. La nueva norma resulta contraria a numerosos principios constitucionales, de la normativa básica del Estado, directivas europeas, etc. Además, supone un grave impacto para el medio ambiente, no beneficia en nada a la economía local, muy al contrario suponer un lastre para la misma al condenar a la desaparición las actividades propias del suelo rural, supone un retroceso en las condiciones higiénico-sanitarios de las viviendas y, por tanto, un riesgo para la salud pública y ambiental.
Agustín Hernández Aja, Director del Departamento de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Madrid afirma que “el tipo de vivienda que propugna el borrador, resulta contradictorio con las condiciones de calidad ambiental que debe cumplir una vivienda digna: un entorno social complejo, la accesibilidad a dotaciones y equipamientos, y el mandato de la ley del suelo estatal de garantizar que su implantación es acorde con un modelo de sosteniblidad ambiental basado en el no consumo de suelo natural”.
Teresa Arenillas, Presidenta del Club de Debates Urbanos considera “desde el punto de vista conceptual parece un insulto a la razón denominar “viviendas rurales sostenibles” a unas viviendas que objetivamente no son ni rurales ni sostenibles”.
Mª Jesús González Presidenta de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura la nueva ley supone una marcha atrás que manifiesta una falta de conocimiento y una ignorancia en materia de sostenibilidad que nos pone a la cola de la Unión Europea.
Mª Ángeles Nieto, portavoz de las asociaciones ecologistas de la plataforma recuerda que estas viviendas no serán inocuas para el medio ambiente, los accesos, la acometida de servicios, el vallado, todo supondrá la antropización del territorio. Por ejemplo, aplicando la ley a los municipios de El Escorial y Colmenar Viejo, el suelo susceptible (fincas iguales o mayores a 6 ha, sin protección sectorial) en el primero sería de 53.852.322 m2 con una capacidad residencial de 833 viviendas. En Colmenar Viejo la superficie afectada sería de 80.104.277 m2 con una capacidad para 1.141 viviendas.
Igualmente, Carmen Villares diputada de Izquierda Unida teme que el último pleno habilitado en el mes de julio se haya reservado, precisamente, para aprobar la ley, mediante un procedimiento urgente.
Alberto Sacristán, de EQUO Madrid, resalta que la ley no tiene en los costes ambientales que tendría la implantación de la ley.