En el marco de la campaña por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del agua, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II – en la que se encuentra EQUO – y Marea Azul, van a promover que asociaciones, sindicatos y movimientos sociales exijan al Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al Presidente del Canal de Isabel II, información sobre los motivos existentes para la adquisición de INALSA, empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, y las consecuencias que pueda tener esta operación en la calidad de los servicios que debe prestar Canal de Isabel II Gestión SA.
Desde que se constituyó Canal Gestión S.A., esta sociedad está funcionando con total opacidad, y las decisiones de su Consejo de Administración son secretas. Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid estamos comprobando como se están tomando decisiones de gran importancia, que pueden llegar a comprometer su sostenibilidad futura y la calidad de los servicios que debe prestar. Este es el caso de la compra de INALSA. ‘Canal Gestión S.A.’ concurrió y, finalmente, resultó adjudicataria del concurso para gestionar, durante los próximos 30 años, el ciclo integral del agua de las islas de Lanzarote y La Graciosa, comprometiéndose a realizar inversiones por valor de 106 millones de euros, de los cuales 50 millones deben invertirse a corto plazo, para pagar la deuda que INALSA tiene con sus acreedores. De esta decisión no se informó a la Asamblea de Madrid, ni a los accionistas públicos de Canal Gestión, ni a la Comisión Mixta de Seguimiento del Contrato Programa, creada para coordinar las actuaciones del Canal Isabel II y Canal Gestión S.A., y supervisar las actividades de la sociedad anónima.
Inexplicable operación, sin dinero para nuevas infraestructuras
Independientemente de parecernos improcedente que una empresa pública dedique recursos y medios económicos para apropiarse de otra empresa pública, INALSA, compitiendo con empresas privadas, consideramos inexplicable que esta operación se realice en medio de un proceso de privatización, cuya justificación es no disponer de dinero para la realización de nuevas infraestructuras. Si la aventura fracasa, la pagaremos todos los madrileños.
Al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II, se les reclamará la siguiente documentación:
– Plan de negocio de la Sociedad, a fin de comprobar que las inversiones previstas en la concesión de Lanzarote no comprometen al equilibrio económico financiero del Contrato Programa
– Planes de Gestión y Calidad (Artículo 17.1), de Mantenimiento y Reposición de las Instalaciones (Artículo 17.2) y de Nuevas Infraestructuras (Artículo 17.3) previstos en el Contrato Programa
– Reglamento de la Comisión Mixta de Seguimiento del vigente Contrato programa entre el Ente Público y la Sociedad (Artículo 20.1), en el que deben estar detalladas su composición y normas de funcionamiento
– Informes de la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa en los que se hubiera analizado la oportunidad de las inversiones destinadas a participar en la concesión de Lanzarote y La Graciosa, y en las que se demuestre que no se compromete el mantenimiento del Servicio en óptimas condiciones de funcionamiento (Artículo 21.1 g del Contrato Programa).
EQUO Madrid denuncia que, con la escasa información de que se dispone, no se encuentran explicaciones técnicas, financieras, sociales o ambientales que avalen esta operación, que no sean los destinados a transformar el Canal de Isabel II en un instrumento sometido al tráfico mercantil, cuya única finalidad sea el lucro privado de determinadas personas y grupos de interés, que nada tiene que ver con la procura del bien común de la sociedad madrileña, ni con el logro de su mejor calidad de vida. Disponer de esa información es un derecho de todos los ciudadanos.