EQUO Móstoles cree absolutamente inadmisible la elección de un torero como pregonero de las Fiestas del próximo septiembre. Esta elección, propuesta por el propio Sr. Ortiz y la Comisión de Fiestas, muestra una vez más el carácter retrógrado del equipo de gobierno local y su incapacidad para entender que los actos del Ayuntamiento de Móstoles no pueden servir para publicitar objetivos y aficiones propias.
EQUO Móstoles considera que abrir los espacios públicos locales a la tauromaquia es tomar un camino erróneo para lograr una sociedad abierta al progreso y la convivencia. Desde la formación política se resalta que “es completamente retrógrado y absolutamente abominable el utilizar los espacios comunes de la ciudad para publicitar una actividad que tiene como objetivo torturar a un animal por mero entretenimiento de unos pocos.” Asimismo, recuerdan que esta actividad no es viable económicamente por sí misma y necesita del apoyo de las subvenciones públicas para su supervivencia, hecho más que cuestionable en una época de crisis como la actual, donde las prioridades de la ciudadanía son otras.
Para EQUO Móstoles un torero no cumple con el perfil de lo que la comunidad considera como “un excelente embajador de Móstoles”, como recoge la nota publicada en la web municipal. Además, añaden sus representantes, “queremos dejar claro que no se trata de una crítica contra la persona de David Mora, elegido para pregonar las fiestas, sino contra lo que representa: el mundo del toreo.”
En este mismo contexto, EQUO Móstoles vuelve a reclamar al Ayuntamiento de Móstoles que no ceda espacios públicos a la nueva Asociación Cultural Taurina de Aficionados Prácticos de Móstoles y que, como mínimo, proteja a los menores de nuestra localidad impidiendo su participación en ella, en cualquiera de sus actividades y, asimismo, evite que éstos accedan a corridas de toros u otros eventos en los que se infrinja maltrato o muerte a animales. Desde la organización política se muestra el máximo respeto a toda asociación creada dentro del ordenamiento jurídico vigente, pero se matiza “es parte de la responsabilidad de nuestros responsables políticos el potenciar marcos de convivencia que aseguren un desarrollo colectivo vinculado al respeto a todas las formas de vida”.