Desde Equo consideramos necesario recuperar el valor de la copoeración como política de corresponsabilidad con las personas más vulnerables en todo el mundo, tras los recortes motivados por la crisis económica. Por ello hemos elaborado una decena de propuestas, para garantizar que el consejo cumpla su función de espacio de participación social para la formulación de políticas públicas.
El Gobierno regional aprobó el pasado mes de agosto el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo, que prevé la puesta en marcha del Consejo de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. El coportavoz federal de EQUO, Juantxo López de Uralde, ha presentado alegaciones al proyecto, para hacer de este Consejo un órgano más abierto y mejorar su funcionamiento.
Más participación de la sociedad civil
Entre las alegaciones, destaca la solicitud de que exista una mayor participación de las ONGD, la inclusión de representantes de organizaciones sociales de los ámbitos de los derechos humanos, la economía social, la sostenibilidad ambiental, así como de representantes de organizaciones sindicales, del sector empresarial y de los grupos políticos de la Asamblea.
Además, consideramos prioritario que el Consejo conozca con carácter previo los planes directores y anuales, así como el seguimiento y evaluación de los mismos, y que cuente con un período para la elaboración de informes de 20 días hábiles.
Entre nuestras peticiones figuran también que el Consejo garantice la representación paritaria de mujeres y hombres en el pleno, en la representación de los sectores y en los miembros de las comisiones, y que respete la proporcionalidad y presencia de todos los sectores en la comisión permanente y las comisiones de trabajo.
Para evitar que se convierta en un órgano vacío de contenido y garantizar un adecuado desempeño de sus funciones, planteamos que se celebren al menos dos sesiones ordinarias anuales –como es habitual en otros consejos autonómicos de cooperación- y que la duración del mandato de los vocales sea de cuatro años.
Igualmente, consideramos necesario dotarlo de un reglamento interno que ordene su funcionamiento y la publicación de las actas, cumpliendo con la ley de transparencia.