Apoyamos a los repartidores de prensa en defensa de unas condiciones laborales dignas

La propuesta de recortes salariales y de personal de la distribuidora Boyacá para renovarles el contrato supone una precarización del servicio y un atropello a sus derechos laborales. Instamos a la empresa a negociar una salida que permita mantener los puestos de trabajo.

Hoy se cumplen cinco días del conflicto laboral entre la distribuidora de prensa Boyacá y los trabajadores encargados del reparto, ante la negativa de la empresa a renovarles el contrato si no aceptan su propuesta de recortes salariales y de personal.  

EQUO Madrid apoya las reivindicaciones de los trabajadores, en defensa de condiciones laborales dignas.

La Asociación de Repartidores de Prensa denuncia que, para la renovación del contrato, que expira el próximo 31 de agosto, la empresa exige una reducción del 50% de la plantilla -que supondría el despido de 130 trabajadores-, y una bajada salarial del 60%, algo inviable para estos autónomos, que tienen que sufragar numerosos costes del servicio, como la compra y mantenimiento del automóvil.

Cerca de 300 familias afectadas

“Boyacá pretende que trabajemos más horas por mucho menos dinero. Nosotros no nos negamos a aceptar una bajada salarial, pero no queremos ser esclavos. Llevamos un año intentando negociar una salida que nos permita mantener nuestros puestos de trabajo en condiciones dignas”, ha explicado a EQUO Madrid, Francisco Piyayo, presidente de la Asociación de Repartidores de Prensa.

Piyayo afirma que el cierre patronal de la empresa les impide acceder al centro de reparto en Torrejón y que dos miembros de los piquetes informativos han sido detenidos. Asimismo, añade que Boyacá está realizando la distribución mediante otras alternativas, aunque la prensa no llega con normalidad a los quioscos.

Desde el partido verde consideramos que la propuesta de Boyacá supone una precarización del servicio y un atropello a los derechos laborales de los trabajadores del sector e instamos a la empresa a emprender una negociación que permita mantener en condiciones dignas los puestos de trabajo, de los que dependen cerca de 300 familias.