EQUO Madrid califica de muy graves “las irregularidades” en la adjudicación a empresas de la trama Gürtel de actos institucionales, incluyendo la toma de posesión de la expresidenta Esperanza Aguirre.
EQUO Madrid califica de “escándalo monumental” las últimas informaciones conocidas sobre la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP e investigada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Con los últimos documentos conocidos, se constatan los importantes “beneficios” que la trama Gürtel obtenía a través de diferentes actos institucionales de la Comunidad de Madrid. Con estos documentos de la causa se va confirmando lo que durante años se ha denunciado, y es que lo que se conoce hasta ahora podría suponer solo la punta del iceberg de “la trama” que se ha beneficiado de forma irregular de dinero público, atravesando a todas las Consejerías.
Para Sabanés, coportavoz de EQUO Madrid, “es del todo imposible que el Gobierno de la Comunidad, su expresidenta Aguirre y su actual presidente, Ignacio González, desconocieran el tráfico de facturas infladas que, desde distintas empresas relacionadas con la trama, facturaban actos del propio Gobierno de la Región”.
EQUO Madrid recuerda que cuando estalló a el caso Gürtel, en 2009, el Gobierno Regional tardó meses en dar los datos de los “contratos menores” y únicamente contabilizaron expedientes tramitados en la legislatura del 2007, aun sabiéndose por diversos medios que las irregularidades habían empezado en el ejercicio de 2003/2004. El entonces consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, facilitó datos de 183 contratos por 2,3 millones de euros. En la actualidad, 4 años después y a pesar de la gran oposición que ha ejercido el gobierno de la Comunidad de Madrid para que se conocieran los datos, se estima que fueron 8,7 millones de euros los pagados a diferentes empresas de la trama ‘Gürtel’. Éstos habrían supuesto unos beneficios de más de cuatro millones de euros y más de 300 contratos para la trama, mayoritariamente fraccionados para evitar los concursos públicos
Un hecho añadido es la falta de transparencia de todo este proceso, donde el Gobierno Regional ha tratado de ocultar las dimensiones del despilfarro y de impedir el control político y ciudadano, “blindando” para la ciudadanía informaciones y datos relevantes. Como concluye Sabanés, “es absolutamente urgente que el Gobierno Regional garantice el derecho ciudadano de acceso a la información de todos los datos y documentos implicados en este trama. De esta forma, sería la propia ciudadanía y organizaciones independientes, quienes conduzcan la Auditoría, evalúen el volumen del “saqueo” y constaten cómo éste ha tenido un efecto directo en la situación económica de los presupuestos públicos de todos los madrileños.