La apertura del nuevo centro para personas con discapacidad intelectual en la calle Alejo Carpentier en el barrio de El Ensanche es, sin duda, otro gran ejemplo de la nefasta gestión municipal del equipo del Partido Popular durante todos estos años, donde se ha acabado gastando una importante cantidad de dinero público para que las personas demandantes del servicio no puedan utilizarlo.
Durante 2010 y 2011, el Ayuntamiento de Alcalá y la Comunidad de Madrid se gastaron 3 millones de euros procedentes del Consorcio Urbanístico de La Garena, en la construcción de un edificio para albergar una residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual. Este centro respondía a la demanda de los familiares de estas personas, ya que no hay ningún centro similar en Alcalá ni en la comarca, especialmente dirigido a personas con daño sobrevenido. El entonces alcalde Bartolomé González y miembros de su equipo se hicieron las obligatorias fotografías para la prensa local.
En el año 2012, el Ayuntamiento de Alcalá saca a concurso la gestión del centro, incluida la finalización de las obras, ya que fueron recepcionadas sin completarse, a cambio de no pagar nada durante los primeros cinco años y un canon anual de 12.000 euros a partir del sexto año.
Las obras y la puesta en marcha del centro han finalizado este verano y en septiembre se ha abierto, pero los familiares que llevaban años demandando este centro se han encontrado con varias desagradables sorpresas:
– Unos elevados precios, incluso superiores a otros centros privados similares en la Comunidad de Madrid. 2.000 euros mensuales para residencia sin tratamiento, 3.000 euros para residencia con tratamiento, pudiendo llegar a 5.000 euros para estancias temporales. Los precios para el centro de día van de 800 a 1.500 euros mensuales.
– El centro ha sido abierto bajo la ambigua denominación de “Centro Integral de Atención Neurorehabilitadora”, lo que seguramente permitirá a la empresa gestora poder atender a otro tipo de pacientes distintos, siempre bajo la justificación de no llegar a cubrir las plazas.
A cambio de un alquiler irrisorio de 1.000 euros mensuales a partir del sexto año por un edificio de 3 millones de euros, pagados con dinero público, eran de esperar precios más asequibles, algún tipo de ayudas a los posibles usuarios según sus recursos o que la Comunidad se hubiese reservado plazas para ofertar de forma más asequible a quien no pudiese hacer frente a los elevados precios.
Al final, como siempre, los más desfavorecidos son los más perjudicados, ya que se ha gastado dinero público para facilitar el negocio de una empresa privada, que efectivamente ofrecerá un servicio que antes no existía en Alcalá, pero utilizando instalaciones públicas y cobrando los servicios a precios de mercado. Beneficio asegurado para unos y decepción para las familias que llevaban años esperando por la apertura de este centro y que sólo podrán utilizar quienes tengan capacidad económica para pagar esos elevados precios
