EQUO ha presentado un escrito ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando el caso de ‘Eurovegas’, después de que delegaciones de Cataluña y Madrid se desplazaran este fin de semana a Las Vegas, para “venderse” ante el magnate Sheldon Adelson, promotor de este macro proyecto de casinos.
Para EQUO “ la opacidad en las negociaciones y la falta de información ciudadana” son una constante en estas negociaciones entre gobiernos y promotor” lo que está generando una gran preocupación ciudadana “máxime cuando estamos hablando de un proyecto que puede modificar aspectos fundamentales en lo económico, social, ambiental o de convivencia”.
“Todo indica que se está hablando de asuntos muy serios que afectan a la modificación de normas importantes en el ámbito laboral, extranjería, regulación urbanística o ambiental, normativas del juego y normas fiscales y de blanqueo de dinero. Son temas muy graves que se están tratando al margen de la ciudadanía. Esto va contra los principios básicos de transparencia y participación ciudadana, obligados en un país democrático. Por ello hemos querido informar a la UE de lo que está ocurriendo” ha afirmado el Portavoz de EQUO, Juan López de Uralde quien ha afirmado que “EQUO rechaza la construcción de este macroproyecto que solo generará más especulación y ladrillo”.
Del mismo modo, el co-Portavoz de EQUO en Madrid, Ramón Linaza, ha tachado de “preocupante” la opacidad de estas negociaciones y muy grave el “servilismo de las Administraciones públicas ante los caprichos de este magnate que parece querer construir una isla al margen de la ley”.
Linaza también ha mostrado su preocupación porque al parecer el proyecto exigiría una ampliación de infraestructuras de alta capacidad para vehículos privados en la Comunidad lo cual repercutiría de nuevo y en negativo al cumplimiento sobre calidad del aire.
Por todo esto EQUO ha solicitado a la Unión Europea que abra una investigación para recabar del gobierno de España y los Gobiernos regionales información sobre el alcance de las negociaciones, reuniones y compromisos entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Regional de Madrid y los promotores.
Además, ha reclamado que se facilite información sobre el contenido de las condiciones y compromisos adquiridos y ha recordado que las posibles ofertas realizadas no han sido ni tramitadas ni informadas en las correspondientes Asambleas o plenos municipales.
TEXTO a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo:
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo
Juan López Uralde
En nombre de EQUO. Madrid (España)
Expone:
En los últimos tiempos se ha venido conociendo, por los medios de comunicación, las negociaciones de los gobiernos regionales de Madrid y de la Generalitat de Catalunya, a efectos de instalar en España un complejo de grandes dimensiones, dedicado, en su actividad principal, a los casinos y el juego.
En la Comunidad de Madrid, la opacidad en las negociaciones y la falta de información ciudadana ha sido una constante, en la posible implantación en la ciudad de Alcorcón o en la zona de Valdecarros, del proyecto denominado ‘Eurovegas’.
La falta de información de las administraciones ha generado que la ciudadanía se agrupe en diversos foros y plataformas, exigiendo que la Administración actúe bajo principios de transparencia e información pública. Máxime en un proyecto de estas características, que puede modificar aspectos fundamentales en lo económico, social, ambiental o de convivencia.
Las únicas informaciones que se conocen apelan a la inversión multimillonaria y a la posible creación de empleo. Pero no existe avance alguno sobre negociaciones y modificaciones que, al parecer, se exigen por los promotores, en el ámbito laboral, de la Ley de Extranjería, en el ámbito de regulación urbanística o ambiental, sobre las normativas del juego y sobre las normas fiscales y de blanqueo de dinero. Esta información, en cualquier caso, es obligada y sería clave para calcular los impactos reales sobre el desarrollo económico o sobre la –supuesta – expectativa de generación empleo.
Las informaciones sobre el proceso han ido apareciendo en los medios de comunicación de nuestro país. Constatamos –además- que sendas delegaciones, acompañadas por representación del Estado, han estado recientemente explicando las ofertas, sin que en ningún momento se pueda conocer con detenimiento y en profundidad el contenido.
En el proceso se observa la colaboración y negociación entre promotores e Instituciones. Además, en sesión Parlamentaria del día 26 de marzo, el Gobierno del Estado abrió la puerta a reformar las leyes, para favorecer a ‘Eurovegas’. El Ministro afirmó que las normas fiscales, financieras y laborales “son revisables”.
“Entre los asuntos que volvieron a ponerse sobre la mesa estuvieron las infraestructuras, la agilización de visados para ejecutivos y la prohibición de fumar en los casinos. Legaz apuntó que el planteamiento del equipo de Adelson es que ahora mismo la tecnología permite estar en una zona donde hay gente fumando, pero no notarlo gracias a los sofisticados sistemas de extracción de humos. Aún así, esa sería una decisión que correspondería al Parlamento nacional.
Finalmente, según las últimas informaciones, Madrid estaría a un paso de conseguir la “candidatura “.
Todas estas informaciones no sólo generan una gran preocupación ciudadana y son contradictorias con los principios básicos de transparencia en la Administración, sino que, a nuestro entender, vulnerar principios básicos de la Unión Europea, en lo que afecta a los derechos de información, contemplados en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del derecho a una buena Administración. Por otro lado, en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, se indica que la transparencia forma parte de los principios básicos que se proponen. La política de hechos consumados y de negociaciones ocultas impide, en la práctica, la verdadera información y participación en asuntos que son de interés de la ciudadanía. Se habla, además, de reformas para anular las normativas sobre tabaco, afectando a principios de prevención en salud pública o liberalización de normas, sobre control de fraude y blanqueo de capitales.
Por otro lado, al parecer, el proyecto exigiría una ampliación de infraestructuras en una Comunidad como la de Madrid, que ha sido advertida por la Unión Europea y obligada a reparar daños, en proyectos como la M-30 o la M-501, y que tiene, además, incumplimiento de la normativa de reducción de Emisión de contaminantes. La –posible- ampliación de infraestructuras de alta capacidad para vehículos privados afectaría, de nuevo y en negativo, al cumplimiento sobre calidad del aire. Por lo que serían también aplicables la obligatoriedad de los derechos de información y el análisis de costes – beneficios del proyecto -, según la Directiva 2003/4/CE.
Por todo lo expuesto, presentamos queja y solicitud al Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones:
-Consideramos que el proceso de negociación para la implantación del proyecto, en la Comunidad de Madrid, se está produciendo con total falta de información, por lo que solicitamos que la Comisión de Peticiones abra una investigación, para recabar del Gobierno de España y los gobiernos regionales información sobre el alcance de las negociaciones, reuniones y compromisos, entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Regional de Madrid y los promotores.
– Que se facilite información sobre el contenido de las condiciones en la negociación y los compromisos adquiridos, teniendo en cuenta que las Instituciones deberían haber puesto a disposición de los ciudadanos toda la información previa, por ser de interés y afectar a cuestiones relevantes, incluyendo solicitud sobre los costes de preparación de las ofertas, viajes y reuniones realizadas. Un proyecto de estas características, que puede modificar aspectos fundamentales en lo económico, social, ambiental o de convivencia, es de interés directo, tanto de los que formulamos esta petición como de la ciudadanía en general.
-Las posibles ofertas realizadas no han sido ni tramitadas ni informadas, en las correspondientes Asambleas o Plenos Municipales. Las ofertas y los posibles acuerdos pueden afectar a la planificación y equilibrio territorial y al medioambiente, por lo que deberían ser informadas con anterioridad a cualquier compromiso o convenio con los promotores.