EQUO Madrid denuncia reiterados incumplimientos del Gobierno regional con la Universidad Pública, como estrategia organizada para orientarla hacia un proceso de privatización
EQUO Madrid apoya la acción que profesores de todas las Universidades Públicas madrileñas, junto con la UNED y CSIC, han convocado para mañana sábado, 9 de marzo, para protestar contra los recortes en docencia e investigación, la subida de tasas y la privatización de la Universidad Pública.
La manifestación, organizada por la Coordinadora “La Uni en la Calle”, consistirá en el despliegue de al menos 400 profesores que impartirán clase en la calle y espacios abiertos al público, en toda la Comunidad Autónoma de Madrid, con el objetivo de mostrar a la sociedad la labor de las universidades públicas madrileñas y protestar contra las subida de tasas abusiva, los recortes en los presupuestos de las Universidades públicas, los recortes en proyectos de ‘Investigación, Desarrollo e Innovación’ (I+D+I) y en becas de movilidad e investigación. También se pretende alertar del proceso de privatización de la educación universitaria, poniéndola al servicio de grandes empresas y poderes financieros, y no al del conjunto de la sociedad.
Incumplimientos reiterados de la Comunidad de Madrid
Desde el área ‘EQUO Madrid Universidades’, se denuncian de nuevo los reiterados incumplimientos del Gobierno regional con la Universidad Pública, como estrategia organizada para ahogarla y orientarla hacia un proceso de privatización.
Por ello, EQUO Madrid exige que el Gobierno regional ponga fin a los reiterados incumplimientos de pagos, asuma sus compromisos de financiación con regularidad y pague las deudas pendientes con la Universidad Pública, ya que ésta se está asfixiando. Para esta organización política, la adecuada financiación de las universidades públicas madrileñas es vital para que puedan seguir ofreciendo una enseñanza de calidad.
Antecedentes de “incumplimientos”
El gobierno regional lleva años incumpliendo y retrasando sus obligaciones con la Universidad Pública. Por ejemplo, los problemas de asfixia a la Complutense datan del 2008, y los conflictos se iniciaron con los recortes que la Comunidad de Madrid aplicó a las partidas de inversiones y de financiación que, aún pactadas, no llegó a hacer efectivas, lo que motivó la reclamación de la Universidad ante los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció, en septiembre del 2011, que el Gobierno regional debía pagar 43,3 millones euros, para obras a la Universidad Complutense. Anteriormente, se había reconocido -también por el TSJM- que el Ejecutivo debía a la institución 18 millones en inversiones. Aunque no se reconocieron en su totalidad las deudas reclamadas, lo cierto, es que se reconoce que una parte importante de los problemas de la deuda de la Universidad Complutense se derivan de los incumplimientos de los convenios, por parte de la Comunidad de Madrid.