El casino de Esperanza Aguirre

Equo Sierra de Madrid rechaza la construcción de “Las Vegas de Madrid” lamentando que Esperanza Aguirre y Ana Botella afirmen que se puede hacer cualquier tipo de  modificación en la legislación que reclamen los promotores del proyecto con tal de conseguir que el proyecto se quede en Madrid.

Sheldon Adelson promotor del proyecto y considerada la 16ª fortuna del mundo, ha ofrecido al Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid invertir 16.900 millones de euros y crear nada menos que 261.000 empleos en un macrocomplejo de juego y ocio con doce hoteles, seis casinos, tres campos de golf, decenas de restaurantes y un estadio para 17.000 espectadores. Reclama casi 6 millones de metros cuadrados de suelo público que espera le sean cedidos, en lugar de adquirirlos como cualquier empresario que decida emprender un negocio. Si no hubiese suficiente suelo público pretende que sea expropiado el necesario a sus propietarios, expropiación que pagaría el Ayuntamiento correspondiente.
Parece que Alcorcón o Valdecarros, en Vallecas son las ubicaciones mejor colocadas en la carrera por albergar el absurdo sueño europeo de Adelson, aunque el Gobierno regional no descarta que pueda surgir en el transcurso de las conversaciones otro posible destino, como Valdebebas, que fue la opción que se manejó con más fuerza, tanto por el crecimiento que el barrio experimentará en los próximos años como por su cercanía a Barajas.
Una vez conseguido el suelo el magnate quiere una bonificación del 95% en el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales, que el Gobierno apoye una financiación de 25 millones al Banco Europeo de inversiones, autorización de licencias sin concurso, licencias más baratas y con trámites ágiles y cortos, desaparición de los asentamientos ilegales de Cañada Real, el traslado del vertedero de Valdemingómez, mejora de los accesos a sus Casinos desde carreteras como la M-45 o M-50, que se permitan vuelos en helicóptero desde Barajas, que se construyan paradas de AVE, nuevas líneas de cercanías y metro… Inversiones públicas en época de crisis y de recortes millonarios que no se han hecho para los ciudadanos, como la prolongación del tren de cercanías ya aprobadas a algunas poblaciones de la Comunidad y que el multimillonario estadounidense pretende para aumentar sus beneficios.
Además, Adelson quiere que los ganadores de sus casinos no tributen por sus ganancias en nuestro país y no quiere pagar él mismo la tasa fiscal de juego ni el Impuesto de Bienes Inmuebles en 10 años, ni el impuesto de Transmisión Patrimonial. Y todo porque pretende crear 250.000 empleos, eso sí, modificando la Ley de Extranjería para traer trabajadores más baratos de otros países, no pagar por ellos tanto a la Seguridad Social… Los jugadores, en sus casinos, podrán fumar y ser menores, solo se registrarían en la entrada y no sería necesario se registrasen en las apuestas inferiores a 2000 euros, traerá a los llamados “junkets” para atraer a las grandes fortunas negras a blanquear capital, tal y como se ha demostrado en sus casinos de China con la posibilidad de ofrecer juego a crédito o permitir transferencias de fondos opacas a su casino para poder seguir jugando. Serían en total más de 30 leyes que habría que modificar para contentar a este señor, ¿ a cambio de qué?
No debemos crear un paraíso paralelo ilegal y gobernado por un más que sospechoso magnate que solo busca su beneficio a costa de la falta de soluciones económicas imaginativas a largo plazo de nuestros gobernantes tanto estatales (actuales y ex Ministros de Industria), como autonómicos y municipales. El hecho solo de plantear tal barbaridad es una ofensa a los ciudadanos que pagamos el IBI, las licencias e impuestos, el IRPF y todo aquello que consideramos puede hacer de nuestra sociedad un espacio más solidario en busca del Bien Común o sencillamente porque es obligatorio.

Y todo esto cuando se cumplen cuatro años del fiasco compromiso de construir 32 casinos, 70 hoteles y 6 parques temáticos en la zona desértica de Los Monegros de Aragón, un proyecto que se ha esfumado (por suerte para el ciudadano) a pesar del compromiso del Gobierno de Aragón, presidido por Marcelino Iglesias, con la empresa International Leisure Development (ILD) cuyo capital social estaba dominado por dos empresas con sede en paraísos fiscales: la luxemburguesa BM Parts y la chipriota Darlen Ltd.