(Comunicado de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos)
Todos los vecinos hemos recibido una carta del Ayuntamiento al respecto. En nuestra página web se pueden encontrar todos los detalles. La carta enviada utiliza información parcial y una argumentación tramposa con el único objetivo de hacernos llegar a la conclusión falaz de que la recalificación es la única solución posible.
El problema data de 1987. Antes de la existencia de Tres Cantos como municipio independiente. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo clasificó el suelo de la urbanización Soto de Viñuelas 2ª y 3ª fases como terreno no urbanizable, en el viejo Plan se preveía edificar.
Recurso tras recurso, parte de los propietarios afectados (aproximadamente un millón y medio de metros cuadrados) consiguen una sentencia favorable con una indemnización millonaria (18 millones de euros más intereses). Condenados a pagar solidariamente la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Colmenar y Tres Cantos. Hace unos años una Sociedad Limitada propiedad de Martinsa y Nozar se hace con la mayoría de los terrenos y el derecho de cobro de la indemnización. El propietario, de una pequeña parte (unos 100.000 m2) exige la ejecución de sentencia. La consigue, aunque luego la aplaza (15 meses, hasta ahora mismo). Hay que pagar ya. A día de hoy el montante es de algo menos de 60 millones de euros.
Nuestro Ayuntamiento decide asumir en solitario –sin motivo para ello- una solución unilateral del conflicto y la resume a tres únicas posibilidades alternativas:
1.- Pagar. Difícil conseguir un crédito. Mediante cuentas absurdas amenazan a los vecinos con un supuesto desembolso de 1.000 € cada uno (¿Por qué asumen que Tres Cantos debe pagar 42 millones?), si se toma esa decisión. Saben que esta cuenta es falsa y que, además, estas deudas no se pagan por derrama. Pero muchos vecinos se asustan.
2.- Esperar la decisión del juzgado. Al tratarse de una indemnización solidaria no está delimitado contra quién actuaría el Juzgado ni en que cuantía. Pero, de nuevo asumen –sin motivo ni lógica alguna- que sea sólo contra Tres Cantos. El embargo únicamente puede efectuarse contra parcelas patrimoniales no afectas a servicios o dotaciones. Circunstancias que solo reúnen parcelas para Oficinas e Industria en el nuevo desarrollo. Esta opción –advierte la sentencia- podría dar lugar además a sanciones o procesos penales que podrían afectar, en nuestra interpretación, a las autoridades responsables de la no ejecución de la sentencia en las tres administraciones implicadas.
3.- Acuerdo por recalificación. Contraviniendo un acuerdo de todos los grupos políticos en el Pleno (septiembre de 2005), incluido el PP. Se ofrece este posible acuerdo, que ha estado intentándose –sin conseguirse- desde hace más de un año a espaldas de los vecinos y de buena parte de nuestros representantes legales, como la solución sin coste para todos. Despreciando el coste real de merma de nuestra calidad de vida, de masificación de nuestras dotaciones y servicios públicos y de atentado contra el medio natural.
Pretenden asustar también a nuestros representantes legales con una votación nominal sobre las alternativas, en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento del próximo día 29. Como si una decisión contraria a la suya fuese capaz de derivar su responsabilidad –la del Equipo de Gobierno– a quién se muestre en contra.
Ante ello, la Asociación de Vecinos ha decidido oponerse frontalmente a cualquier nueva recalificación –a corto o medio plazo- que incremente el número de viviendas en Tres Cantos por varios motivos:
I. El problema no es responsabilidad directa de los tricantinos. La solución debe proponerla el demandado principal, la Comunidad de Madrid y, contra esta administración debería ir prioritariamente el Juzgado.
II. Los sucesivos gobiernos de la Comunidad y los Ayuntamientos implicados han “obviado” irresponsablemente el problema – permitiendo una escandalosa acumulación de intereses hasta multiplicar por más de 3 veces la indemnización inicial.
III. Dichos gobiernos responsables han ocultado deliberadamente el problema a los ciudadanos.
IV. Recalificar condiciona y perjudica gravemente nuestro entorno natural, nuestro modelo de ciudad y nuestra calidad de vida presente y futura.
V. El Ayuntamiento no puede hacer una derrama entre los vecinos, si no aceptamos su solución.
En definitiva, los posibles perjudicados somos los vecinos y nuestra debe ser la decisión.