La formación verde afirma que el texto aprobado por el PDeCAT, PP, Ciudadanos y PNV criminaliza a quienes intentan hacer efectivo su derecho constitucional a una vivienda digna
EQUO rechaza la proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el fin de la ocupación ilegal de viviendas en determinados supuestos de propiedad, aprobada este martes en el Congreso, con los votos a favor de PP, Ciudadanos y PNV y en contra de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís.
Para la formación verde, esta ley de desahucio exprés contra las ocupaciones carece de medidas integrales para dar respuesta a la falta de alternativas habitacionales para las familias vulnerables.
En su opinión, “no se puede resolver el problema del parque público de vivienda sin medidas integrales que aborden la escasez de vivienda social y el caos que la Administración tiene sobre las viviendas de su titularidad, que por su concepción generalmente agrupan a familias en grave vulnerabilidad, en una concentración territorial en la que las actuaciones sobre los inmuebles vacíos son la punta del iceberg de los problemas convivenciales”.
La formación verde afirma que esta ley no resuelve la situación de las personas que se ven obligadas a recuperar viviendas para tener vivienda digna, no mejora la falta de vivienda social en relación a los porcentajes en el entorno europeo, ni da solución a la vivienda vacía.
Criminalización de la población
Por el contrario, señala que el texto utiliza un tema trasversal y sin relevancia porcentual como es la la ocupación/usurpación de vivienda privada, para criminalizar a la población que se organiza para hacer efectivo su derecho a vivienda. Por todo ello, consideran esta medida absolutamente ineficaz para resolver los problemas de convivencia y mejorar las posibilidades de uso de las viviendas por sí solas.
En este sentido, el partido verde acusa a Ciudadanos de ser responsable de este intento de criminalización por la campaña de presentación de mociones de apoyo a esta ley que está llevando a cabo en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y por situar a las familias vulnerables en la misma línea de quienes “destrozan pisos y rompen la convivencia”.
La coportavoz de EQUO Madrid, Clotilde Cuellar, ha manifestado que ”se trata de una estrategia electoral alarmista e inadmisible, puesto que estamos hablando de familias, de menores y de derechos fundamentales para colectivos que están en exclusión social o en riesgo”.
Por todo ello, EQUO rechaza un proceso que “dudosa constitucionalidad”, por la indefensión en la que deja al demandado, y contrario a los tratados internacionales sobre esta materia, ya que deja en manos de la Administración local, que no tiene competencias en vivienda, la solución de los casos de vulnerabilidad, sin aportar recursos a los Servicios Sociales más allá de ayudas de emergencia coyuntural, que no resuelven el problema.
A su juicio, es necesario trabajar por alternativas en la línea de la propuesta de ley presentada por los grupos de vivienda, que atacan el problema de la vivienda vacía en manos de fondos buitre.