La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio en Torremocha. La Fiscalía está investigando dos bloques de delitos en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad: contra la Administración y Hacienda Pública y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Según el grupo conservacionista Ecologistas en Acción unas obras de soterramiento de líneas eléctricas han afectado de forma directa a una vía pecuaria sin la obligatoria autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Además, también se ha denunciado dos graveras para extracción de áridos en parajes clasificados como suelo no urbanizable de especial protección junto a los arroyos de San Román y del Mortero.
La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación por estos asuntos y el ayuntamiento de Torremocha ha reaccionado, según la organización ecologista, aprobando provisionalmente un nuevo plan general de ordenación urbana. Ecologistas en Acción afirma que de esta manera y junto con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se pretenden legalizar estas actuaciones.
El alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera, ha reconocido en un programa radiofónico que cuando se realizaron las obras del soterramiento de las líneas eléctricas no tenían el permiso de la Consejería. Rivera insiste en que está irregularidad se produjo porque la vía pecuaria aparecía en el catastro como camino rural.
Este es el segundo caso de supuesto delito medioambiental en el que se ve implicado el gobierno municipal de Torremocha de Jarama, pues en el año 2010 la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid solicitó una pena de tres años de cárcel para el alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Según el escrito judicial el regidor podría haber construido y asfaltado sobre varías vías pecuarias para dar servicio a la urbanización Los Tomillares-El Jaral del Pajarito.
La Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya fue la organización que llevó este caso hasta los tribunales hace nueve años con una petición clara; conseguir reparar el daño causado en las vías pecuarias.
Ahora están asfaltadas y dan servicio a la urbanización Los Tomillares-El Jaral del Pajarito extendida entre los términos municipales de Torremocha y Torrelaguna y cuyos orígenes se remontan a la construcción ilegal de viviendas en los años ochenta. En el año 1997, la Comunidad de Madrid decidió regularizarla, la Consejería de Urbanismo aprobaba además modificaciones del planeamiento urbanístico de ambas poblaciones. En el año 2002 el regidor de Torremocha, Carlos Rivera inicia una serie de obras para acondicionar la urbanización.
Se canalizó el agua potable en la vía pecuaria Colada del Chifladero, se levantaron casetas en las vías pecuarias Colada de San Sebastián y Colada de Calerizas, en las que además se asfaltaron y urbanizaron más de dos kilómetros de las propias vías para crear los accesos a la urbanización.
La Fiscalía solicitó en 2010 tres años de cárcel y unos 80.000 euros que sería el coste estimado necesario para devolver a su estado original las vías pecuarias.