EQUO Madrid denuncia las sanciones de la Comunidad de Madrid al director del IES Matías Bravo, por apoyar la “marea verde” contra los recortes a la Educación
Para EQUO Madrid, el expediente abierto “supone un ataque a la libertad de expresión”
EQUO Madrid denuncia las sanciones interpuestas por la Comunidad de Madrid al director del IES Matías Bravo de Valdemoro, Javier Lisazoain, suspendido con 10 días de empleo y sueldo – del 20 al 30 de Julio – por “abuso de autoridad”- según el gobierno regional -, al manifestarse en contra de los recortes a la Educación.
Para esta organización política, el expediente de la Consejería de Educación abierto a Lisazoain supone un ataque a la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución, así como el derecho que todo ciudadano tiene a manifestarse cívicamente contra las decisiones adoptadas por los poderes públicos.
EQUO Madrid recuerda que Lisazoan no ha sido el único “objetivo” del gobierno de la Comunidad, ya que el director del IES Ana María Matute de Velilla de San Antonio, Raúl González, también ha sido sancionado, con la suspensión de empleo y sueldo, durante cinco días, por convocar un claustro de profesores en horario lectivo.
EQUO Madrid se solidariza con los profesionales de la educación pública, por considerar que estas sanciones vienen a perseguir a estos funcionarios que, día a día, vienen denunciando legítimamente los atropellos que están sufriendo y que deterioran la calidad de la enseñanza pública. Es por ello que EQUO Madrid pide el cese en su cargo de la Consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar.
Una historia de “atropellos”
Javier Lisazoain, Director del IES Matías Bravo, recibe la resolución del expediente abierto por la Consejería de Educación – en octubre -, el 6 de julio, por permitir una acción reivindicativa contra los recortes educativos, por parte de profesores de su instituto.
Se le sanciona también por escribir un documento, en el que informaba a los padres y alumnos del instituto, sobre las medidas que había adoptado la Consejería de Educación.
La Comunidad consideró que ambos profesionales de la educación pública “incumplieron sus deberes como funcionarios e impidieron el correcto funcionamiento de sus centros educativos”, según consta en el informe de la inspección educativa.